Más de 100.000 personas con discapacidad en España viven presas en casas sin adaptar a sus necesidades. Esta situación vulnera el cumplimiento de los compromisos ratificados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que hoy, 3 de mayo, celebra su Día Nacional
CODISA PREDIF Andalucía se une a la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIF, en la denuncia de la falta de vivienda accesible, asequible e inclusiva que todavía existe en España y que mantiene atrapadas a unas 100.000 personas con discapacidad en casas sin adaptar a sus necesidades, según datos del CERMI.
Defendemos la accesibilidad como un derecho humano, “que es imprescindible ejercer para la igualdad de oportunidades y la verdadera inclusión en todos los ámbitos de la persona y en las diferentes etapas vitales”. Así lo recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que hoy, 3 de mayo, celebra su Día Nacional en España, donde se especifica el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Este incumplimiento hace que más de 269.000 personas con discapacidad vivan institucionalizadas, muchas de ellas por no tener alternativa habitacional.
Por ello, apoyamos la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto la supresión del límite de 12 meses de cuotas cuando la soliciten vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, postura compartida por el CERMI en su manifiesto por el 3 de mayo de este año. Asimismo, se reivindica la asequibilidad de la vivienda mediante políticas públicas de vivienda que faciliten soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas, y la protección judicial del derecho a la vivienda, ya que el 94 % del Sistema Judicial no cuenta con medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan exigir este derecho o buscar reparación ante desahucios o barreras, según apunta el CERMI.
Por último, desde la confederación exigimos el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que entró en vigor en 2013. Uno de sus supuestos daba como plazo para la adecuación de las edificaciones a las normas de accesibilidad el 4 de diciembre de 2017, que más de tres años después sigue siendo una irrealidad.
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